ÁNCASH Y PUNO ENTRE LAS REGIONES MÁS CORRUPTAS

Lunes 10 de Febrero del 2010

 

Bastó que la Contraloría General de la República coloque bajo la lupa las administraciones de los controversiales presidentes regionales de Áncash y Puno, César Álvarez y Hernán Fuentes, respectivamente, para que se ponga al descubierto una serie de irregularidades que merecen ser esclarecidas y sancionadas.

Como parte del primer operativo de fiscalización "Cóndor" que desplegó la Contraloría en cuatro gobiernos regionales y 23 municipios de todo el país, se determinó que al menos nueve graves hechos irregulares se habrían cometido en las administraciones de Áncash y Puno.

 

n la región altiplánica se detectó al menos cinco irregularidades. La más escandalosa se refiere a la omisión del gobierno de Fuentes para ejecutar un plan de contingencia para la prevención de neumonías durante el friaje que azotó Puno en el año 2009, pese a contar con más de S/.14 millones (cifra de la que sólo utilizó 1.2%).

Asimismo, en el mejoramiento de la carretera "Huancané-Putina" se detectaron irregularidades de diverso calibre, como el favorecimiento a un proveedor que presentó documentación fraguada y la desaparición de asfalto líquido, gasolina y kerosene, lo que conllevó a un perjuicio económico de S/. 1'314,036.20 al Estado.

En Áncash, según el informe, el panorama fue similar. En la ejecución de cuatro proyectos para la prevención del dengue se determinó que la empresa ganadora de la buena pro no adquirió las bases, y no se acreditó que las labores de fumigación se hayan efectuado. El hecho ocasionó un perjuicio económico de S/. 2'080,249.02 al Estado.

Además, se confirmaron irregularidades en los trabajos de mejoramiento del canal de riego Wecrococha, en las obras de mejoramiento del colegio Javier Heraud, y en la adquisición de vehículos para la construcción. Todos estos hechos generaron un perjuicio de S/.3'972,987.73 a la región.

Lo más sorprendente es que ante estos descubrimientos el gobierno ancashino interpuso a inicios de este año una medida cautelar en contra de los operativos de la Contraloría con el argumento de que afectaba sus actividades. Increíblemente el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz declaró fundado el recurso.

Sin embargo, la Contraloría apeló la decisión del Poder Judicial ancashino, el que finalmente dio su brazo a torcer y dejó sin efecto -desde el pasado 5 de febrero- la medida cautelar que favorecía a la administración de Álvarez.

Este diario pudo conocer que en la víspera la Contraloría formuló ante la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) una queja en contra de Ricardo Alza Vásquez (magistrado del Segundo Juzgado Mixto de Áncash) por supuesta inconducta funcional.